domingo, julio 20, 2008

FRAUDE DE LEY

La inminente puesta en libertad de Iñaki De Juana Chaos, ha avivado la polémica de los etarras que, cumplida su pena, vuelven a estar libres en la sociedad civil. Como es natural, estoy totalmente en desacuerdo, por la aberración social que supone, que asesinos pasen a compartir espacios vitales con sus victimas. Igualmente ocurre con los violadores y en general todos los delincuentes que han marcado para siempre a los afectados por sus fechorías.
Pero no es de recibo que nuestros nefastos dirigentes se rasguen las vestiduras, cuando no han sabido evitar situaciones totalmente previsibles con el código penal que tenemos, el cual supone un auténtico fraude de ley.
Por poner un solo un ejemplo de lo que es habitual oír en las sentencias sobre delitos similares, Iñaki De Juana Chaos estaba condenado a unos 2.000 años de cárcel. Pero da igual, podría estar condenado a 20.000. Al aplicar el reglamento penitenciario, la máxima condena con el código penal antiguo era de 30 años. Eso sin contar con los correspondientes beneficios penitenciarios que suponen una considerable reducción de esos 30 años. Con todo eso, es normal que un delincuente monstruoso que ha cometido nada menos que 25 asesinatos, quede libre a los 20 años.
Pero el problema de esto, no es el tiempo que un individuo pueda pasar en la cárcel. 20 años dentro de esta es una eternidad. También lo son 10 años e incluso uno solo, es un tiempo considerable. El verdadero quid de la cuestión es el fraude de una ley, que persigue la reinserción del delincuente en la sociedad y que se muestra incapaz e impotente por conseguirla. Esto último es lo importante. Cuando observamos intentos de linchamiento, recogidas de firmas para solicitar cadena perpetua o peticiones de alejamiento de delincuentes redimidos, es que la sociedad no confía en la justicia.
Solamente el hecho de que los padres y familiares de asesinados se movilicen para advertir de la insuficiencia de la ley para determinados delitos y que los políticos antepongan su cumplimiento a la compartida e indiscutida indignación por sus consecuencias, habla bien a las claras de una sociedad incapaz e impotente para que sus ciudadanos tengan la sensación de un Estado justo.
Cuando escuchas a los políticos hablar de “la ley” en sentido abstracto, no puede uno dejar de sorprenderse. ¿Cómo se aplica la ley? ¿Quién la hace? ¿Para que se hace?
Y la respuesta no puede ser otra que la Ley se aplica arbitraria e incontroladamente, pues no está elaborada por los ciudadanos, sino por la clase política que vive y reina de espaldas de aquellos, que a la postre son los que sufren las consecuencias de su ineptitud.