VICTIMAS DE LA PARTITOCRACIA

José Borrell, Manuel Pimentel, Jordi Sevilla, Pedro Sorbes, Cesar Antonio Molina, Ricardo Costa… son nombres, muchos de ellos recientes, que han sido expulsados por el régimen en el terreno de juego donde se libra la verdadera lucha por el poder.
Un juego sin árbitros y que pone y quita jugadores a su antojo, donde el arma predilecta para desahuciar al rival es su implicación en casos de corrupción, que está generalizada en este sistema nauseabundo, que nos conduce a la deriva económica, social y moral.
Dice un buen amigo mío que, lo mas seguro es que, Ricardo Costa al ser expulsado, se trate de una persona honrada. Puede ser. De hecho, de los citados de memoria al principio, no parece que hayan tenido ingresos irregulares en política y han vuelto a sus trabajos de origen. Pero el apoyo, la participación y la justificación de este régimen de poder, muestra cuanto menos indignidad y un cierto nivel de corrupción moral.
Cualquier persona decente debería declinar su participación en este lodazar, mientras no se produzcan las reformas que garanticen la implantación de la democracia formal, única forma de eliminar la corrupción e imponer un marco de participación política a todos los ciudadanos, es decir, la libertad política.
Dijo Alfonso Guerra que aquí el que se mueve no sale en la foto. Que gran verdad; si no que se lo preguntes a cualquiera de los mencionados. Todos ellos, en contra de sus ambiciones, han probado la amarga medicina de verse fuera de los círculos del poder.
En su mayoría, renuncian a su condición borreguil como parlamentarios donde deben asistir como convidados de piedra a las exigencias del jefe de partido, cuando no pueden ocupar otros cargos que sacien su pasión de poder.
Lo más doloroso para esos “sacrificados” de la partitocracia es la extinción de su derecho a la participación política. Derecho que deviene nonato en la sociedad civil. Por eso, al reintegrarse en esta, esperemos que se conciencien del valor de su pérdida y acaben reclamándola como ciudadanos, reconociendo la impostura de los partidos a los que han servido, que no funcionan democráticamente y sin embargo monopolizan la actividad política de un régimen, que curiosamente se hace llamar “democracia” y es precisamente de lo que carece.
Bienvenidos sean, al mundo de las víctimas de la partitocracia.

DEGENERACIÓN OLIGÁRQUICA

Cuando el PP ganó las elecciones de 1996, Aznar incumplió su promesa de “regeneración democrática” y se perdió una gran oportunidad de, por lo menos, volver al estado de 1978, torticeramente transformado en el mandato socialista de Felipe González (1982 – 1996), que suprimió todo rastro de independencia judicial, elemento clave para el control del poder.
Con la derrota electoral del PSOE, Aznar consideró depuradas las responsabilidades políticas y penales de una etapa socialista plagada de corrupción y crímenes de estado, en lo que fue conocido como “pacto de silencio”. Decidió “pasar página”, con la errónea creencia que una vez amarrado al poder, nunca lo perdería si gobernaba con honradez, habiendo visto lo sucedido.
El poder judicial, a la sazón ya totalmente politizado, actuó por venganza de un Garzón despechado al no haber satisfecho sus ambiciones políticas, pero no pudo o no quiso llegar hasta el final y solo puso una interrogante “X” aureolando al presidente saliente.
Las consecuencias no han podido ser peores para Aznar, para su partido y para el régimen. Como un tragicómico boomerang, el que lo tiró recibe en plena cara la implicación de su familia y su partido en una trama corrupta análoga a la de antaño, cuyas consecuencias políticas lo impulsaron al poder.

Así las cosas, la sociedad civil se pregunta a quien votar, dada la corrupción que asola a la clase política y al desastre económico, junto a la patente incapacidad del gobierno actual para combatirlo. Un gobierno que ya no convence ni a sus aliados parlamentarios, que son las minorías nacionalistas periféricas que tienen los pocos escaños que le faltan para la mayoría absoluta y que venderán cara su participación en este aquelarre de gasto y desfalco del Estado.

La única solución es darle jaque mate definitivo a esta oligarquía de políticos corruptos mediante la acción ciudadana, reivindicando el presidencialismo democrático para que se pueda gobernar sin presiones y la libre elección de los representantes de distrito por voto mayoritario. Estas medidas, junto a la instauración de un poder judicial independiente de los políticos, son las que acabarán con la corrupción, primero, con los conatos independentistas, después y pondrán las condiciones para el noble ejercicio de un gobierno que actúe con el respaldo de la mayoría de la nación española.