MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PODER

En este régimen oligárquico, donde los partidos políticos ocupan todos los poderes del estado, al margen de la sociedad civil, se reproduce la misma estructura en los medios de comunicación de masas.
El estado tiene, básicamente, tres mecanismos de control sobre estos:

Ø Autoriza mediante licencias administrativas la concesión de medios audiovisuales, donde las principales cadenas son estatales.
Ø Regula y controla la publicidad institucional, la cual es vital para su subsistencia, a la prensa escrita.
Ø Favoreciendo la concentración de medios en torno a facciones ideológicas, como se demostró en el caso de la absorción de Antena 3 por la cadena SER.

Al no existir separación de poderes ni independencia del poder judicial, cuyos órganos se constituyen por cuotas obtenidas por los partidos, los medios de comunicación reproducen, en perfecta simetría, la forma sinárquica del estado, transmitiendo todos sus tópicos, sus principios y sus mentiras, transformando de esta forma la opinión oficial del régimen en opinión pública.
El ciudadano se encuentra de esta forma desnudo de criterios de verdad y solo le queda la opción de arroparse con las vestimentas ideológicas, sean liberales (PP) o socialdemócratas (PSOE), del estado de partidos.
Pero esta estructura general, no esconde otro mecanismo más sutil de control que opera en la prioridad que se le da a dichos medios.

En una sociedad donde impera el materialismo consumista y que se minusvalora la lectura como virtud y opción de ocio, el ejecutivo sabe que los medios audiovisuales son los más potentes en la transmisión de la opinión oficial. Esto explica su actuación arbitraria para garantizarse el dominio casi absoluto sobre estos, facilitada por la falta de control democrático del poder.
Ni que decir tiene que los medios de comunicación son decisivos en el resultado de los procesos electorales. De hecho en los 30 años que llevamos de partitocracia, casi siempre ganó el partido que controló el ejecutivo y por lo tanto el 90% de los medios audiovisuales.
Solo en tres ocasiones salió vencedora la oposición: en 1982 a consecuencia del 23-F, en 1996 por la contumaz y obstinada corrupción felipista junto a la amenaza de quiebra económica del estado y en 2004, como consecuencia del 11-M.
Solo la transformación del estado de partidos en democracia, con control ciudadano del poder político y financiero mediante leyes antioligopolio y concesiones que garanticen la igualdad de oportunidades, hará florecer la libertad de pensamiento, que diseminará el espíritu crítico ciudadano por los campos de la genuina opinión pública.

EL ESCONDRIJO DE LA LIBERTAD POLITICA

La respuesta de donde está la libertad política en este país, tiene una fácil respuesta para quien siga mínimamente la actualidad.
Las exclusiónes, mas sonada por su peso político, de Alberto Ruiz Gallardón y la mas discreta de Rita Barberá, de las listas electorales del PP, se han decidido en el partido. La mayor fuerza de los barones que deciden quien va a ser elegido para el reparto de cargos del régimen, ha dejado fuera dos de los líderes que han demostrado tener tirada popular en las urnas de esta partitocracia. No en vano son los dirigentes que siempre han ganado con solvencia las elecciones mas directas, como son las municipales, donde a diferencia de las generales el que gana puede ser votado por todos los ciudadanos del distrito electoral homólogo.
Es una realidad que él propio Gallardón ha reconocido con sus declaraciones tajantes: “He sido derrotado”. Y así es, pero no por el voto popular, ni por su derrota en elecciones de ningún tipo, sino por decisión quien de verdad ejerce la libertad política en este país, las elites de los partidos políticos.

Las elecciones primarias de EEUU, donde hasta seis personas compiten ante los electores en un mismo partido, por la representación para las elecciones presidenciales directas constituyen un ejemplo sumamente elocuente, cuando lo comparamos con el caso español donde esto mismo se decide en una reunión entre cuatro personas a saber, Aceves, Rajoy, Aguirre y el propio defenestrado.
Esta unilateral decisión acaba con las opciones de poder elegir a un hombre que, mirado con las lentes oligárquicas de interpretación de resultados electorales, mueve más de 2 millones de votos. El siguiente paso será esperar el resultado de las generales. En caso de derrota del PP, la renovación de la elite del partido estará servida. En ese caso, los que quedarán fuera de las próximas listas, serán las huestes de Rajoy, los que ahora han excluido a Gallardón y este podrá pasar a controlar el partido.
Esta noticia vale más que miles de explicaciones de qué es, donde se encuentra y quien ejerce la libertad política en España; en definitiva, quien es el que pone y quita a los que nos van a dirigir.
Por eso reclamamos que la libertad salga de su escondrijo donde está retenida y pase a los ciudadanos, para que sean ellos los que decidan quien les va a representar por voto mayoritario a doble vuelta, del que saldrían, necesariamente, dirigentes responsables.

LA LEY ELECTORAL, TALÓN DE AQUILES DE LA PARTITOCRACIA

Muerto Franco, había en España una fuerte presión para el cambio político defendido por la oposición al régimen y apoyado y promovido por los principales países europeos y los EEUU. El ejemplo de Grecia y Portugal, que habían alcanzado la “democracia” (partitocracia) después de regímenes totalitarios, influyó enormemente como rumbo a seguir, en la persona de un monarca joven (el Rey actual) que había jurado los principios del Movimiento Nacional franquistas. También lo hizo el deseo alentado desde el poder y los medios de comunicación y ya manifestado en el tardofranquismo, de ingresar en la entonces CEE (comunidad económica europea, hoy Unión Europea).
El ejemplo de Portugal donde casi triunfa la revolución marxista, hizo que las presiones europeas y americana, fuesen en la línea de instaurar la reforma de las leyes del régimen en vez de la ruptura para rehacer la forma de Estado y de gobierno, como proponía el programa de la oposición al franquismo, unida en torno la Junta Democrática.
Para aquel fin, además de redactar la Ley de Reforma Política, que derogaba las leyes del Movimiento Nacional franquistas y de disolver sus cortes con procedimientos propios del caciquismo decimonónico, lo primero que se hizo fue redactar la ley electoral.
Esta se hizo con listas cerradas y bloqueadas, elaboradas en los despachos de las sedes de los entes que iban a monopolizar a partir de entonces, la actividad política.
De esa manera se evitaba las posibles algarabías, dar posibilidad a opciones indeseadas (como la comunista, por ejemplo), se garantizaba el oligopolio de los partidos de masa y facilitaba el acceso a la actividad política en igualdad de condiciones a gente mediocre y desconocida. Así se aseguraba el establecimiento de una clase política profesional, que aún perdura en la actualidad.
Del mismo modo se aseguraba la hegemonía electoral de los partidos de masa frente a la chusma del resto de partidos, que proliferaron como setas en lo que se acuñó popularmente con el término de “sopa de letras”.
Este pretendido periodo constituyente, fue un fiasco, pues la constitución se elaboró en secreto por un grupo de 6 personas, hoy conocidos como “padres de la constitución”.
La ley electoral hizo el resto. Mediante la misma, se presentan a las elecciones los candidatos que deciden lo partidos políticos. El sistema de recuentos proporcional asegura la representación de los primeros de cada lista, por lo que la verdadera lucha política se cuece por el orden de aparición en las mismas. Este sistema proporcional, con el recuento según la famosa Ley D`Hondt, produce un importante sesgo según la población del distrito y la cantidad de partidos mayoritarios en voto, que hace que en unos sitios sea necesario obtener el doble de votos con respecto a otros, para contar con la misma representación. Este sesgo juega a favor de las formaciones nacionalistas periféricas, que luego condicionan la gobernabilidad del Estado, al no estar separados los poderes legislativo y ejecutivo.

Según el diario El Mundo, el 66% de los españoles pide ahora cambiar la ley electoral para que los partidos nacionalistas no sean decisivos en las decisiones de gobierno, coma ha ocurrido en esta legislatura y lleva ocurriendo siempre que el PP o el PSOE no obtienen mayoría absoluta.
Pero que no se confunda nadie. La reforma previsible reforma en caso de hacerse por estos partidos políticos, se basa bajar el listón de porcentaje o de número de votos para obtener representación en el parlamento. Una reforma que causará resquemor en las formaciones nacionalistas, que aprovecharán sin duda la ocasión, para reforzar con argumentos victimistas sus posiciones separatistas.
La verdadera reforma, que significaría la defunción del régimen y la apertura hacia una verdadera democracia, vendría con una separación de elecciones, presidenciales y legislativas y un sistema de voto mayoritario a doble vuelta donde saliesen elegidos un solo representante ganador, al que se le podría exigir responsabilidades por su gestión.
Naturalmente esta reforma no será defendida por los grandes partidos PSOE y PP, pues saben que en la actual ley electoral, está su segura perpetuación en el poder.
Esta ley electoral es el talón de Aquiles de esta partitocracia y por tanto, el blanco a apuntar con la flecha de la verdad, para todo ciudadano que anhele la democracia y la libertad.

SUELDOS DE RÉGIMEN

La desorbitada subida de los sueldos de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, ha creado el lógico revuelo social.
Las subidas rondan una media del 75% y en algunos casos sobrepasan el 100%.
Como medida para justificar su existencia, ante los indignados funcionarios que ven como a ellos solo les han subido un mísero 2% frente a una inflación anual del 4,3%, los sindicatos, mordiendo la mano que les da de comer, han establecido una campaña de propaganda y movilizaciones contra esta unilateral medida de la clase política oligárquica.
La medida está tomada justo después de haber revalidado el PSOE su mayoría absoluta en las urnas. Esperarán plácidamente a que pase el revuelo y dentro de tres años ya no estará en el candelero de la actualidad dicha subida y la falta de libertad política, de poder elegir directamente a nuestros representantes, dejará sus posibilidades de renovar el poder intactas.
El hecho que la oposición del PP apenas se haya pronunciado por el asunto, muestra con claridad que la medida adoptada en una medida clasista de unos políticos erigidos en dueños absolutos de la sociedad.

El presidente de Castilla la Mancha, José María Barreda con la demagogia habitual de los políticos de esta oligarquía, en un brindis al sol, ha mostrado su intención de donar el aumento a la Cruz Roja. Como si él y su partido, con mayoría absoluta en la Asamblea regional, no hubieran redactado y aprobado la ley de presupuestos. Y como si no pudiera modificarla en cuanto quiera.
Lamentablemente, los ciudadanos seguimos asistiendo impasibles ante tanta impostura, ante tanta superchería, como si no fuésemos incapaces de detectarlas y de imponer soluciones para evitarlas.
Si en este país hubiese verdadera democracia, con separación entre los poderes legislativo y ejecutivo este tipo de medidas sería imposible que prosperaran. Primero, por que ningún candidato que se presentase a unas elecciones libres, se atrevería a introducir esas medidas en su programa electoral. Segundo, porque aún presentándolas y saliendo elegido, sería muy improbable que la Asamblea independiente aprobase tal dislate. Pero si se diese el caso, quedaría el filtro del control ciudadano que ahogaría su indignación, promoviendo los procesos reglamentarios de revocación del poder de los gobernantes felones.
Ahora, de momento, solo queda el derecho al pataleo.