SUELDOS DE RÉGIMEN

La desorbitada subida de los sueldos de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, ha creado el lógico revuelo social.
Las subidas rondan una media del 75% y en algunos casos sobrepasan el 100%.
Como medida para justificar su existencia, ante los indignados funcionarios que ven como a ellos solo les han subido un mísero 2% frente a una inflación anual del 4,3%, los sindicatos, mordiendo la mano que les da de comer, han establecido una campaña de propaganda y movilizaciones contra esta unilateral medida de la clase política oligárquica.
La medida está tomada justo después de haber revalidado el PSOE su mayoría absoluta en las urnas. Esperarán plácidamente a que pase el revuelo y dentro de tres años ya no estará en el candelero de la actualidad dicha subida y la falta de libertad política, de poder elegir directamente a nuestros representantes, dejará sus posibilidades de renovar el poder intactas.
El hecho que la oposición del PP apenas se haya pronunciado por el asunto, muestra con claridad que la medida adoptada en una medida clasista de unos políticos erigidos en dueños absolutos de la sociedad.

El presidente de Castilla la Mancha, José María Barreda con la demagogia habitual de los políticos de esta oligarquía, en un brindis al sol, ha mostrado su intención de donar el aumento a la Cruz Roja. Como si él y su partido, con mayoría absoluta en la Asamblea regional, no hubieran redactado y aprobado la ley de presupuestos. Y como si no pudiera modificarla en cuanto quiera.
Lamentablemente, los ciudadanos seguimos asistiendo impasibles ante tanta impostura, ante tanta superchería, como si no fuésemos incapaces de detectarlas y de imponer soluciones para evitarlas.
Si en este país hubiese verdadera democracia, con separación entre los poderes legislativo y ejecutivo este tipo de medidas sería imposible que prosperaran. Primero, por que ningún candidato que se presentase a unas elecciones libres, se atrevería a introducir esas medidas en su programa electoral. Segundo, porque aún presentándolas y saliendo elegido, sería muy improbable que la Asamblea independiente aprobase tal dislate. Pero si se diese el caso, quedaría el filtro del control ciudadano que ahogaría su indignación, promoviendo los procesos reglamentarios de revocación del poder de los gobernantes felones.
Ahora, de momento, solo queda el derecho al pataleo.