viernes, diciembre 04, 2009

FALACIA DE LEY

Uno de los principios que mas predicamento tiene en este régimen de poder, es el supuesto carácter esotérico de la ley. Esta solo pueden elaborarla e interpretarla los abogados, como doctos en la materia y todos los demás debemos atenernos a dicha hermenéutica, necesaria para garantizar la seguridad jurídica.
Esto, evidentemente, esconde una gran falacia. Primero porque la ley debe ser una norma de convivencia, un pacto entre iguales para garantizar la integridad pacífica de la sociedad. En una democracia auténtica, organizada por sus ciudadanos que son los que deciden que leyes quieren y como las desarrollan a través de sus representantes, aquellas tienen que ser necesariamente
de clara redacción e interpretación, para cualquiera que sepa leer y escribir.
En segundo lugar, porque cuando no ocurre lo antedicho, es cuando los textos legales devienen ininteligibles, contradictorios y sujetos a diferentes interpretaciones. La norma, al no ser producto de un acuerdo, no se cumple, que es lo que ocurre con las leyes en este país. No son “nuestras leyes”. Son “las leyes”.
Y en tercer lugar es la aceptación de ese carácter corporativista de la ley y la exclusión interpretativa del resto de ciudadanos, la que produce la interpretación interesada de la misma, su aplicación oportunista de acuerdo a las circunstancias políticas, consolidando así, la arbitrariedad del poder y por tanto fulminando la seguridad jurídica.
Esto significa excluir al ciudadano de la ley. Y por tanto, excluirlo de la herramienta fundamental para cimentar la vida política y social, que es la base de la democracia. Es el suelo en el que se sustenta la integridad moral de la sociedad civil.
En este régimen donde no hay separación de poderes en origen, donde el partido que manda en el parlamento, solo o en coalición, gobierna y elige a los jueces, la ley se convierte en el arma arbitraria que elabora, guarda y usa a voluntad con el único control de la opinión pública fabricada por unos medios de comunicación subvencionados y condicionados por peligrar su propia subsistencia. Este es el principio de la corrupción moral del régimen, que es la madre de todas las corrupciones.
Esto explica que se puedan elaborar leyes claramente inconstitucionales, que puedan entrar en vigor sin ningún control, ni obligación de cumplimiento y que se puedan interpretar a voluntad, de acuerdo con lo que va aconteciendo.
No son nuevas las presiones a las que se está sometiendo al Tribunal Constitucional por el tema del Estatuto catalán; ya ocurrieron en otros períodos de la historia reciente. Fue sonado el caso en el año 1983 por la injusta expropiación de la empresa Rumasa, del jerezano José Mª Ruiz Mateos. El, a la sazón, presidente del tribunal Manuel García-Pelayo, que deshizo el empate por su voto de calidad, se retiró y murió de remordimientos de conciencia por dicha decisión.
Cuando la ley no parte de abajo arriba, sino al revés; cuando no existe representación ni representatividad políticas, sino listas cerradas de partidos; cuando no hay separación de poderes, sino separación de funciones administrativas del mismo poder; cuando no existe libertad de pensamiento, sino unanimidad de editoriales de la prensa subvencionada, es imposible que existan leyes justas, ni garantías jurisdiccionales, ni seguridad jurídica.
Ahí se dibuja el declive de la sociedad civil y la exaltación de la clase política soberana.
Aún estamos a tiempo para evitarlo. Todavía nos queda este espacio de libertad. No lo desaprovechemos.