domingo, noviembre 28, 2010

CONGRESO DE PLATAFORMAS SIGLO XXI

Ayer se celebró en el Ateneo de Madrid, el Congreso de Plataformas siglo XXI, al que tuve el honor de asistir. De la simple observación de los acontecimientos, se llega a la conclusión de que la sociedad civil está viva y con ganas de cambio. Había un grupo muy heterogéneo de gente: mayores, jóvenes, de edad media , hombres, mujeres, profesionales de la política, empresarios, pertenecientes a tribus urbanas, profesores, pilotos, periodistas, asociaciones, partidos residuales y hasta gente de por libre cuyas reivindicaciones no son escuchadas por los partidos mayoritarios. El común denominador de todos ellos, el descontento con el sistema actual y la necesidad de cambiarlo. La pregunta que queda pendiente después del congreso es: ¿seremos entre todos capaces de organizarnos para conseguir el objetivo?
La organización, con iniciativa de Jesús García Barcala, era buena a priori pero previó mal dos aspectos fundamentales: la amplitud de la sala, que con capacidad para 50 personas sentadas y la duración de la reunión, eran a todas luces insuficientes.
Finalmente asistieron 25 asociaciones a las que se les dio, sobre la marcha, 4 minutos para la presentación.
La mesa estuvo compuesta por Pedro López Arriba, miembro del Ateneo; Bernardo Rabassa Asenjo, presidente del Club Liberal Español y organizador del encuentro; el citado Barcala y Juan Vicente Santacreu, líder de la plataforma Masby.
De las asociaciones intervinientes, hubo una mayoría liberal.
Conocedor de esto por alguna información previa que había enviado Barcala, ante la imposibilidad de leer el manifiesto entero en tan escaso tiempo y actuando en segundo lugar, decidí improvisar la presentación resumiendo nuestros principios; intenté hacer hincapié en la adquisición y preserva de nuestra libertad política, que no garantiza la ideología liberal. No se si hice bien; si no es así, lo siento.
Pienso que desde un sistema representativo liberal, se puede llegar a una democracia, pero desde una partitocracia jamás. Por eso soy de la opinión que debemos seguir adelante con el proyecto y animo desde aquí a Jesús a seguir en la lucha ya que lo vi muy desanimado al final del congreso.

Una vez hechas todas las presentaciones hubo un corto e intenso debate marcado por el cansancio general, la desesperación de algunos y el abandono de muchos, para ver como se coordinaban todas las voces presentes.
Aunque se votó casi por unanimidad (todos menos uno) la creación de una Coordinadora Ciudadana virtual (por Internet) que aglutine a todas las asociaciones, no quedaron claros los objetivos que se debían defender.
Por eso se emplazó para que cada organización nombre a un representante que aporte un decálogo de donde saldrán los principales puntos que defenderá la Coordinadora.
Se enlazarán todas las páginas de las asociaciones a dicha coordinadora y se votarán dichos puntos finales.
Creo que para tan poco tiempo, no está mal. Ahora tenemos que actuar sin prisa, pero sin pausa. Si llevamos 30 años de partitocracia y no podemos caer en la precipitación para derrocarla, provocando el fracaso del proyecto que a todos nos une.

miércoles, noviembre 03, 2010

ATAVISMO POLÍTICO

La historia de España, desde la romana Hispania, no es profusa en acontecimientos consecuentes de la libertad política. Paradójicamente, tratándose de un estado con reivindicaciones separatistas internas, las principales movilizaciones ciudadanas han surgido ante el peligro cernido sobre la integridad nacional. Invasión árabe, guerras con Inglaterra, Francia, Marruecos, etc.
La última, durante la guerra de la independencia con los franceses, fue ejemplar ante el vacío de poder consecuencia del secuestro de Fernando VII por Napoleón. Se crearon las Juntas Provinciales que dirigían las actividades de hostigamiento al invasor e inventamos la guerra de guerrillas. No se produjo, sin embargo, la revolución liberal que sí tuvieron ingleses y franceses, que acabó con el absolutismo. En España nos tuvimos que conformar con la lenta adopción de mediadas arbitristas al son de melodía proveniente de la Europa mas civilizada.
Y a ese son hemos bailado hasta la transición, dirigida por los EEUU y la socialdemocracia alemana, a este estado de partidos donde campa la demagogia, la mediocridad intelectual, la bajeza moral y la corrupción.
Las causas de que no triunfara esa revolución pendiente cuando hubo oportunidades para ello (constitución de 1812, pronunciamiento de Riego y el trienio liberal, la revolución de 1868 (la gloriosa), II república, guerra civil, fin del franquismo), hay que buscarlas en ese miedo atávico a la libertad, seguramente achacable a los caóticos sucesos de la revolución francesa que produjeron una exaltación del instinto de conservación del poder por la clase dirigente.

Todas las manifestaciones de la libertad política, entendida como la capacidad de organización espontánea de los ciudadanos para instaurar, regular y controlar el poder (juntas provinciales de 1808, juntas revolucionarias de 1868, junta democrática de 1975, entre otras), ha chocado con la resistencia de los dirigentes.
La mayoría de políticos actuales en activo han vivido directa o indirectamente el régimen franquista. Muchos de ellos se formaron y medraron en este. Para los que duden que este régimen sea una simple mutación de aquel, que hagan acopio de muchos de los hechos promovidos y ejecutados por los sucesivos gobiernos:

      Que un presidente de gobierno pueda dividir España en 17 territorios dotados de autonomía para desactivar las reclamaciones históricas de dos regiones.

      Que un presidente de gobierno pueda permitir la corrupción en sus colaboradores y que se organice el crimen de estado.

      Que un presidente de gobierno pueda alinearse con los precursores de una guerra internacional, ignorando la opinión pública desfavorable y violando arbitrariamente la tradición neutral que históricamente ha mantenido la nación española.

     Que un presidente de gobierno aboque a la bancarrota y a la desintegración territorial a la nación, por el empecinamiento en una ideología caduca e impregnada de conceptos nacionalistas ucrónicos.

¿Se puede uno extrañar del último nombramiento de un presidente socialdemócrata, progresista y aperturista? No es baladí que Rubalcaba tenga toda la información de primera mano de las actividades de la policía nacional, guardia civil, CNI y además sea el encargado de contarlo a la prensa.
Se trata de algo comparable a la figura de los validos que nombraban los reyes absolutistas, para preservar su holganza. ¿Se puede seguir autodenominando democrático este régimen con un nombramiento de ese tipo?
¿Debemos asistir los ciudadanos impasibles a esta demostración de atavismo político?
¿Se puede justificar la participación en las instituciones de este régimen que rezuma podredumbre por doquier?
Despertemos de esta pesadilla, ciudadano, pues está en juego nuestra libertad y eso son palabras mayores.

domingo, octubre 10, 2010

INANICIÓN SINDICAL

La última huelga, ha puesto de manifiesto que este estado despótico del bienestar tiene como producto característico la inacción ciudadana contra el poder político. La movilización está monopolizada por los sindicatos que junto a los partidos son las vías obligadas de participación política de la sociedad civil. Ambas organizaciones están incrustadas en el estado, financiadas por sus subvenciones.
Mucho ha cambiado desde la aparición de los primeros sindicatos en Gran Bretaña a principios del siglo XIX, como consecuencia de la segunda revolución industrial y la aparición de una nueva clase obrera trabajadora en las grandes fábricas.
En España, debido al rasgo predominantemente agrario se la sociedad de aquella época, la aparición de los sindicatos fue mas tardía (último tercio del XIX) y debido a la influencia de las ideas anarquistas internacionales introducidas por el ingeniero italiano Giuseppe Fanelli.

Los sindicatos nacen, pues, debido a la necesidad de protección de los trabajadores. Son ellos los que se organizan y constituyen en sujetos de acción política. Son, históricamente, el ariete de la lucha revolucionaria. La misma huelga general, es la herramienta inicial que desencadenaría la revolución marxista en la que el proletariado desalojaría a la burguesía de los medios de producción.
A lo largo de la historia los sindicatos evolucionaron hasta su total integración en el estado primero con la integración socialista en la sociedad capitalista (socialdemocracia), mas tarde en el estado fascista o el organicismo franquista y por último en la actual partitocracia.

En este estado de bienestar que persigue la anulación de la acción política, el sindicalismo ha devenido en una burocracia parásita del estado y cuyas actividades están encaminadas a guardar las formas como única organización para la defensa y representación de los trabajadores.
Así se explica su silencio y aquiescencia a la política económica suicida del gobierno socialdemócrata productora de la mayor cantidad de parados de la historia y su hipócrita movilización cuando aquel se ve obligado por los mandamases internacionales a tomar medidas neoliberales.
El ciudadano que todavía conserva su trabajo asiste anonadado al tremendo dilema de apoyar la huelga convocada por los que han contribuido a este desastre o no apoyarla consintiendo de esa manera, la acción de este gobierno nefasto.

La verdadera democracia, producto de la libertad de acción de los ciudadanos, deberá empezar a sacar todas sus organizaciones del estado al que pretenden controlar.
Pero antes que eso, estos sindicatos deben morir de inanición de apoyo laboral como estos partidos deberán morir de inanición de participación electoral.

sábado, julio 24, 2010

LA GRAN MASCARADA

Los oligarcas del régimen infiltrados en los partidos políticos de ideologías falsas, caducas y trasnochadas, viven de la lucha por el voto de los ingenuos, que creen que de esa manera está representados y se cumplen sus demandas políticas, cuando ocurre todo lo contrario; los partidos imponen sus programas, sus objetivos y sus ambiciones personales que se encargan de llevar adelante sus gerifaltes, que aparecen los primeros en las listas electorales asegurando, así, su perpetuación en el poder.
La mascarada escenificada entre los socialistas Zapatero y Montilla, como si su encuentro en La Moncloa se tratase de dos jefes de Estado diferentes, muestra a las claras la gran distancia que existe en entre la voluntad de millones de españoles plasmada en siglos de existencia nacional de España, de la actitud, léxico y postura política de estos dos impostores de la historia. No se pueden decir tantas barbaridades en tan poco tiempo. Montilla, catalán de adopción, brama reclamando un estado federal. Para que haya un estado federal, tendría que haber dos naciones de hecho y legalmente constituidas. Un estado federal se puede formar, por ejemplo, entre Portugal y España. Nada ataría en un futuro a estos dos países para mantener dicha federación, pudiendo unilateralmente separarse en cualquier momento, por desavenencias en los acuerdos federales.
Pero no puede haber estado federal entre regiones de un mismo país. No por decir hasta la saciedad “somos una nación”, hace que dicha nación exista.
Pero, ¿quiere Montilla, realmente, el reconocimiento nacional de Cataluña? Por que aquí no hay medios paños. Si se reconoce que Cataluña es una nación, se abriría la puerta para su independencia. ¿Por qué, si no, se reclama dicho reconocimiento?
Si eso es así, no hace falta que Montilla vaya a la Moncloa a decirlo para toda España. Puede hacer como su primer predecesor Companys, que en 1934 proclamó el estado catalán dentro de la República federal española. Desgraciadamente para este, eran otros tiempos y el general Batet, enviado por el presidente Lerroux, abortó la proclama.
Pero si esta ocurre hoy, ¿quién lo iba a impedir?; ¿el rey, que no da muestras ni de que esté, ni de que se le espere?; ¿Zapatero, que se ofrece voluntario a vulnerar la sentencia del máximo interprete de una constitución que él ha prometido cumplir y hacer cumplir?
Hasta el tribunal de la Haya, con su autoridad universal, ha sentando un histórico precedente, declarando legal, la independencia de Kosovo. Aunque se argumente que este caso no es comparable, ya que se ha castigado la represión servia sobre la población mayoritariamente albanesa, si que existe una analogía en el hecho de la proclamación de independencia que es lo que se ha juzgado, no las causas.
¿A que espera, por tanto, Montilla?
Habrá que dar la razón a los que sostienen que el nacionalismo es una postura victimista para conseguir ventajas económicas del presupuesto de turno. Alimenta una ideología minoritaria que se manifiesta en apoyo electoral, pero realmente solo pretende prebendas en forma de poder y dinero.
Y si ese apoyo sirve para mantener a un gobierno inepto, falso y oportunista, la representación teatral está garantizada. Es la gran mascarada de la partitocracia.

miércoles, junio 02, 2010

MANIFIESTO CIUDADANO

Los ciudadanos de España, por encima de ideologías e intereses personales, encontramos necesario un cambio en el sistema político actual que posibilite de la mejor forma el gobierno por parte de la Sociedad Civil. Resulta evidente que el actual sistema aprobado en referéndum en 1978, se encuentra viciado y genera desconfianza constante y palpable entre la población. De este modo, entendemos que no cumple satisfactoriamente con su función principal y acarrea graves problemas de todo tipo debido a la falta de legitimidad y representatividad. Es claro que tanto las acciones del Ejecutivo como las del Legislativo responden más a estrategias políticas de los partidos que las diseñan, que a necesidades de la Sociedad Civil, ocasionando gran tendencia a la corrupción en casos de cohecho, prevaricación, tratos de favor, desigualdad, privilegios desorbitados, etc, al no existir mecanismos de regulación ni independencia de los poderes democráticos.
Encontramos igualmente necesario que el sistema político que sustituya al actual, así como el proceso de transición correspondiente, han de ser decididos y asimilados por la Sociedad Civil. Para ello, deberá existir un autentico y necesario debate entre toda la sociedad, incluyendo a las fuerzas políticas, la Corona, jerarquías eclesiásticas y a cualquier otro grupo, sindicato, colegio profesional, asociación o movimiento, que deberán dejar a un lado por un momento sus intereses particulares, ideologías y creencias, para colaborar o al menos no impedir, el inicio de un proceso constituyente mediante la creación de una asamblea formada por representantes elegidos directamente, que deberán estar cualificados para poner sobre la mesa las soluciones necesarias y así la Sociedad Civil pueda asimilarlas y elegirlas, sometiéndolas a aprobación popular en referéndum.
Con la mirada puesta en el futuro y deseando dejar lo mejor para las futuras generaciones, como ciudadanos civilizados que creen en los sistemas legales y que respetan el legado que sus antepasados nos dejaron, pero sin dejar de observar sus defectos, entendemos que la Sociedad Civil ha de agotar, mientras sea posible, todos los trámites legales que le permitan ejercer su soberanía en la formación y elección de dicha asamblea. Este proceso ha de implicar la aprobación de un Periodo Constituyente que tenga como fruto la disolución de las Cortes y la formación de una Asamblea Constituyente, principalmente en base a los artículos 167 y 168 de la actual Constitución Española de 1978.

El método que se propone a continuación de elección de los representantes de dicha Asamblea y de los asuntos a tratar en ella, puede que cause recelos en una gran parte de nuestros conciudadanos, pero es necesaria una reforma representativa para que no se oxide el engranaje de nuestro sistema democrático. Tras más de treinta años de una partidocracia dominada por las luchas entre partidos, que han infectado y dividido al conjunto de la sociedad, será necesaria una gran labor de diálogo, sin que deba interpretarse como una debilidad ni como falta de convencimiento, pero sí de una muestra de convivencia pacifica y voluntad cívica.

Los ciudadanos que apoyamos este manifiesto proponemos los siguientes aspectos fundamentales:
  
A. Periodo Constituyente
Previamente a la formación de la Asamblea Constituyente y durante un periodo de 12 a 18 meses de transición que tendrá como objetivo dar tiempo a la Sociedad Civil a perfilar la base de las futuras instituciones democráticas y a debatir las decisiones políticas; se elegirán y definirán los siguientes conceptos:
    1.Delegados provinciales: representantes por los actuales distritos provinciales, los cuales en coordinación permanente, definirán el futuro mapa de los distritos electorales.
    2.Distritos electorales: tendrán un censo aproximado de 100.000 habitantes y se constituirán procurando grupos heterogéneos de población, de tal manera que se garantice la representatividad.
    3.Candidaturas a los distritos: los aspirantes se darán a conocer a los ciudadanos, manteniendo reuniones con ellos a través de foros vecinales, deportivos, universitarios, etc. Los partidos irán engrasando la maquinaria para la nueva realidad electoral.

B. Asamblea Constituyente
Para que los representantes que finalmente compongan la Asamblea Constituyente merezcan tal consideración, se proponen las siguientes condiciones óptimas:
   1.Elección libre y directa de los representantes por distritos mayoritarios uninominales, a doble vuelta
   2.Sometimiento de las decisiones tomadas a los necesarios referéndums vinculantes en circunscripción única.
   3.Candidaturas abiertas e independientes, tanto de ciudadanos como de representantes de los partidos    políticos.
 Cualquier otro sistema distinto al propuesto implicará una menor representatividad objetiva. La circunscripción única para la aprobación definitiva, debe evitar que la presencia de territorialidades afecten al conjunto. Finalizado el proceso constituyente la Asamblea se disolverá, quedando definidos en una nueva Constitución los aspectos a continuación.
  
C. Representación de la Sociedad Civil
 Para que las instituciones del Estado articulen los mecanismos de representación de la Sociedad Civil de forma que se defienda lo siguiente:
  1.Representatividad
  2.Igualdad ante la ley
  3.Defensa de los derechos individuales del ciudadano frente a los posibles abusos de las mayorías
Se divide el poder en tres ramas independientes con atribuciones distintas y con la misión de que cada una vigile el cumplimiento de la otra en la noble tarea de la representación civil: legislativo, ejecutivo y judicial
 D. Independencia de los poderes
 1. Legislativo: es el máximo órgano de representación social. Confecciona y aprueba el marco legal. Se elegirá de forma similar a la Asamblea Constituyente:
    1.Elección libre y directa de los representantes por distritos mayoritarios uninominales, a doble vuelta.
    2.Sometimiento del representante a la revocación de su cargo, a través del mecanismo que se decida.
    3.Candidaturas abiertas e independientes, tanto de ciudadanos como de representantes de los partidos políticos.
    4.La división por distritos electorales será tal que garantice la representación y la igualdad.
2. Ejecutivo: gobierno y representación internacional dentro del marco legal definido por el legislativo. El Jefe del Ejecutivo y/o el Jefe de Gobierno, deberá ser elegido de forma independiente al Legislativo en distrito mayoritario único uninominal a doble vuelta.
 3. Judicial: aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley. Los órganos superiores del Poder Judicial serán elegidos por la parte de la Sociedad Civil perteneciente al mundo jurídico (jueces, abogados colegiados, catedráticos de derecho, oficiales de Juzgado, policía judicial, etc.) en base a criterios de mérito y excelencia.
E. Forma de Estado
  1.Jefatura del Estado: deberá resolverse de una vez por todas el debate entre la Monarquía y la República, decidiéndose en referéndum libre tras el periodo constituyente. Independientemente del resultado, el Jefe del Estado deberá tener solo aquellos privilegios acordes a la importancia de su función, por lo que esta deberá estar definida y vigilada en su cumplimiento en la medida correspondiente, por el resto de las ramas del poder de la Sociedad Civil.
  2.División y organización territorial: partiendo de la integridad territorial del Estado Español, estado centralista, estado federal o cualquiera que sea la solución decidida, no ha de implicar una desigualdad ante la ley de ninguno de sus habitantes, lo que significa que el marco principal de derechos y obligaciones no puede ser modificado desde ninguna otra parte que no sea el conjunto del territorio. Igualmente, la llamada solidaridad interterritorial no ha de ser excusa para la financiación indefinida de proyectos o subvenciones de una parte del territorio a costa del resto.
F. Participación ciudadana
 El nuevo sistema que La Sociedad Civil consiga ha de estar basado en eliminar todos los obstáculos para la participación del ciudadano en la vida política, a través de referendums y un sistema de Iniciativas Legislativas Populares que lo permita. Las competencias descentralizadoras del estado deberán desarrollarse lo más cerca posible del ciudadano, para garantizar el control de sus representantes, es decir, deberán desarrollarse a nivel de municipio.
 G. Financiación de partidos, sindicatos y otras subvenciones con dinero público
 La financiación con dinero publico de cualquier agrupación, causa o proyecto, debe considerarse como un atentado contra la propiedad privada si no existe el previo, adecuado y suficiente consentimiento del origen de los fondos, que no es otro que el de La Sociedad Civil y los ciudadanos que la forman.

Firmado: España, 1 de junio de 2010


  
ADHESIÓN AL MANIFIESTO AQUÍ

lunes, mayo 10, 2010

LA FALACIA DE LA PROPORCIONALIDAD

La democracia política o formal, tal como la defiendo en este blog, es la forma de gobierno que garantiza la libertad política de los ciudadanos, que son los que tienen en exclusiva el poder constituyente de la organización política.
La democracia debe tener, por tanto, las siguientes características incondicionales:
     1. Poder ejecutivo electivo. El gobierno se tiene que elegir por elección directa, entre todos los ciudadanos de la nación, como garantía de un gobierno fuerte e independiente de los otros poderes.
     2. Representación. Los ciudadanos tienen que tener sus representantes legislativos elegidos en distritos pequeños, por mayoría de votos entre las distintas opciones. La elección de un solo representante por distrito garantiza la responsabilidad y el control de la gestión por los ciudadanos, que por diversos mecanismos (comisiones de control, recogida de firmas, etc.) pueden revocar su nombramiento.
     3. División de poderes. No basta con la simple separación de funciones como existe hoy en España y existía también en el franquismo. Para que haya división de poderes tiene que haber independencia de los mismos, con distinto origen y funcionamiento como garantía de que entre ellos se controlen, para evitar el monopolio de poder, que recordemos pertenece al conjunto de ciudadanos por su libertad política.
La polémica se ha desencadenado en el Reino Unido, con motivo de las últimas elecciones, donde la tercera opción política pide un cambio electoral para transformar el sistema de voto mayoritario por otro proporcional, donde los escaños se repartan por proporción de votos emitidos, como ocurre aquí en España.
Los liberales de Clegg, se verían favorecidos al contabilizar los votos ineficientes de los distritos en los que no se alcanza la mayoría. Es decir, el partido recavaría más escaños que le permitiría estar en una mejor posición a la hora de elegir al gobierno de la nación.
Sin entrar en la historia y tradiciones electorales británicas, el efecto nefasto de sus crisis está producido precisamente por carecer de un gobierno electivo, primera característica de la democracia. Cuando esto ocurre y el poder ejecutivo depende y es elegido por la cámara legislativa, estamos hablando de parlamentarismo, que es lo que tienen los británicos.
Si estos introducen el voto proporcional, involucionarían un paso mas atrás, hacia la partitocracia, donde lo partidos controlan los tres poderes, que es lo que tenemos en España.
El sistema proporcional rompe el principio de representación, pues al introducir varios representantes por distrito, anula así la responsabilidad e imposibilita el control en la gestión, quebrando la segunda característica de la democracia.
Además, se basa en una falacia demagógica que consiste en cambiar sutilmente el objeto de la representación desde el ciudadano al partido político. Esto es lo propio de la partitocracia.
También se cambia el fin último de la elección que es la representación, por la “justicia” en la elección, ya que se alega ser más justo el voto proporcional pues refleja mejor el resultado en función al número de votos, cuando estos están para elegir representantes, no partidos.
Precisamente la distribución de los votos en distritos pequeños de unos 50.000 a 100.000 habitantes, garantiza la representatividad que es la preferencia mayoritaria de los candidatos por el conjunto de los ciudadanos. El sistema proporcional acabaría con esa representatividad, al introducir entre la proporción, representantes no mayoritarios.
De ahí, que Gordon Brown, para seguir en el gobierno, ofrezca a Clegg dicho cambio proponiendo elecciones en distrito único y reparto proporcional de escaños según su número de votos; eso es justamente lo que se podría imponer en nuestra partitocracia, sin alterar ni un ápice el funcionamiento del régimen.
Eso sí, habría un considerable ahorro en tiempo y dinero, muy adecuado para reducir el déficit como medida mas socorrida para combatir esta crisis económica.

viernes, marzo 12, 2010

11 M, más tierra de por medio

Al cumplirse 6 años de aquel nefasto atentado, el recuerdo de las víctimas y allegados, queda una vez mas suplido por el persistente acaparamiento político en los actos conmemorativos.
Seis años de incertidumbres donde todavía, se diga lo que se diga, no se han aclarado muchos hechos. ni detenido y juzgado a los verdaderos culpables.
Es inverosímil que los responsables de ese monstruoso atentado, perfectamente dirigido, coordinado y ejecutado, fuesen cuatro camellos de Lavapiés y un pringado asturiano de dudosa reputación.
Está claro que la instrucción dejó sin investigar muchos asuntos esenciales, como el tipo de explosivo que se usó, el origen de la famosa mochila que dio con la pista de los acusados, la evidencia de que se manipularon o borraron ciertas pruebas, activa o pasivamente, llegando a usar incluso productos químicos. ¿Hubo manipulación o negligencia?
Los partidarios de la línea oficial o de pasar página se agarran como un clavo ardiendo a que son hechos ya esclarecidos por haber sido investigados, juzgados y condenados por la Audiencia Nacional (falacia de la autoridad).
Pero el sumario judicial, pasó de puntillas sobre aquellos temas, sin profundizar sobre ellos e introdujo en la sentencia juicios de valor abstractos, como la exculpación de ETA y Al Quaeda y lo no necesidad de la existencia de autoría intelectual.
Es evidente que las mochilas explosivas estaban construidas con una sincronización y coordinación perfecta y se pusieron en el momento y sitio adecuados.
En las novelas policíacas, cuando el investigador no conoce al asesino, siempre indaga en lo que se llama el móvil del crimen, considerado como principal pista.
Parece claro que el atentado se produjo en una fecha elegida y con la intención de crear la suficiente confusión para hacer variar el resultado electoral que, a la sazón, todas las encuestas daban como holgado vencedor al PP, entonces en el poder.
Se produjo también días después de que la Guardia Civil interceptara, en una carretera de Cuenca, a miembros de ETA, con una furgoneta cargada de explosivos.
Resulta evidente que tuvo que existir una organización estratégica y una disposición táctica, planeada por un perfil de inteligencia que no coincide precisamente con los condenados. Con los avances científicos en relación a las técnicas de obtención de ADN celular, son cada vez mas los casos de errores judiciales, en los que gente acusada y condenada, se demuestra inocente. Con esto quiero decir que los jueces no son infalibles. En todas las épocas existen ejemplos de sentencias judiciales erróneas.
¿Está bien instruida, investigada y juzgada esta causa?; ¿Son seis años suficientes para llegar a saber la verdad sobre hechos de este tipo?; ¿Hubo precipitación en “conocer la verdad” y saltarse determinadas investigaciones esenciales en la misma?
Siempre que se escribe un artículo de este tipo su autor es tachado como partidario de la “teoría de la conspiración”, sin intentar rebatir ninguna de las interrogantes que se plantean. Esto en un claro ejemplo de falacia ad hominem.
Recuerdo que cuando surgió la Gripe A, los técnicos oficialistas respondían a los recelos que esta despertaba en este mundo de libertad que todavía nos queda, que es Internet, alegando que siempre que surgía algún problema social o sanitario, surgía dicha teoría de la conspiración. Como si la conspiración no fuese posible. Ya sabemos como ha terminado todo.
El 11M fue en todo momento dirigido por intereses partidistas. Los del PP en el gobierno, intentando demostrar que ETA intervino (lo que legitimaba su política de duro hostigamiento a los terroristas vascos) y la oposición, que fue el fundamentalismo islámico como consecuencia de la participación del gobierno en la guerra de Irak en contra de la opinión mayoritaria.
Desde el mismo instante de la explosión, la partitocracia y medios afines engulleron el monstruo manipulándolo a su antojo. Se politizó el sufrimiento, la investigación, el tribunal, el juicio y la sentencia.
¿Podremos los ciudadanos conocer algún día la verdad?

domingo, enero 03, 2010

La reforma del profesor Ramón Peralta

Publico esta interesante propuesta del RAMÓN PERALTA MARTÍNEZ. Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, en la que se expone una reforma de la constitución que supondría la consecución de la democracia formal, tal como defiendo en esta bitácora.


1. España, patria común e indivisible de todos los Españoles. España es una Nación histórica, cultural y política constituida en Estado democrático de Derecho cuya soberanía política radica en el pueblo español como sujeto étnico-político concreto de donde emanan todos los poderes del mismo. La soberanía nacional es una conquista colectiva de nuestro pueblo cuya unidad política fue resultado de un largo y complejo proceso histórico (Reconquista, unión definitiva de Castilla y Aragón) y que hace de España una de las primeras naciones de Europa tanto en cuanto al momento de su constitución - siglo XV - como a su dimensión geo-política, económica y cultural; una unidad e independencia que consideramos un valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico-político y de la que se desprenden beneficios para la práctica totalidad de los ciudadanos. La soberanía nacional del pueblo español, proclamada en las Cortes de Cádiz (1810-1813) como nuestro poder constituyente originario, es infraccionable. No existen diferentes "naciones estatales" en el ámbito político español, con lo que es absurdo cualquier planteamiento federal, siendo España un cuerpo político unitario-solidario.

2. Estado Constitucional. Primacía de los derechos fundamentales y división de poderes. Un Estado reducido y eficaz, siempre al servicio de la Sociedad Civil. Concebimos los poderes públicos como protectores de los derechos y libertades de los ciudadanos, aseguradores del orden público y garantes del principio de igualdad de oportunidades. Reforma de la Constitución vigente en el sentido de las propuestas que seguidamente se plantean. El principio de constitucionalidad que caracteriza al moderno Estado democrático de Derecho, garantiza la primacía de los derechos individuales como derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y preexistentes a toda organización estatal, así como garantiza también la vigencia efectiva del principio de la división e independencia de poderes - dogma constitucional -, de modo que una circunstancial mayoría parlamentaria alcanzada electoralmente por un partido político no pueda convertirse de hecho en una "tiranía democrática" al quedar sometida la validez de las leyes a su adaptación a las normas y principios constitucionales.

Elección popular y por separado de los poderes del Estado (Democracia Constitucional):

Ejecutivo: elección presidencial en circunscripción nacional única. El jefe del Poder Ejecutivo es elegido directamente por el pueblo por mayoría absoluta y podrá vetar las leyes aprobadas por las Cortes. En este caso para aprobar la ley vetada se requerirá mayoría cualificada de dos tercios de las Cortes.


Legislativo: elección parlamentaria separada de la elección presidencial. Las Cortes Españolas podrán destituir al jefe del Poder Ejecutivo por incumplimiento de sus funciones o falta grave. Elección del diputado personal en distritos uninominales.


Judicial: elección popular de los fiscales de distrito como perseguidores públicos del delito. Exigimos una justicia independiente de los otros poderes, con un Ministerio Fiscal desvinculado del Gobierno. El Poder Judicial, presidido por el Tribunal Supremo, no es un poder político sino un sector autónomo de la Administración conformado por profesionales del Derecho. Supresión del Tribunal Constitucional: la justicia constitucional será competencia de una sala de lo Constitucional en el Tribunal Supremo.


Así pues, separación estricta de los poderes tanto en su elección como en su función como mejor garantía frente a la corrupción pública y para la libertad efectiva de los ciudadanos. El pleno ejercicio de los derechos constitucionales (civiles, políticos, económicos) se vincula a la posesión de la nacionalidad española. Prohibición legal de la acumulación de cargos públicos y limitación legal de mandatos.

3. Reforma fiscal. Recuperación del concepto de contribución frente al de impuesto. Impuesto es un concepto propio del pensamiento estatista y totalitario. Los ciudadanos deben contribuir por los servicios que reciben del Estado como mantenedor de un sistema de solidaridad nacional centrado en las necesidades de seguridad, educación y sanidad públicas existentes (IRPF, sociedades, actividades económicas). Supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y de los impuestos al consumo.

Todo ciudadano tiene derecho a la “cuenta fiscal” donde se especifique:

las contribuciones debidas por los servicios recibidos

las contribuciones de solidaridad pagadas, detallándose los conceptos de destino

compensaciones recibidas con expresión de las cantidades y conceptos de percepción.

4. Reforma de la organización territorial del Estado. Potenciar la autonomía municipal en detrimento del Estado de autonomías políticas vigente, que favorece un ultra-regionalismo reivindicativo, insolidario y desnacionalizador, francamente trasnochado además de muy costoso para el bolsillo de los ciudadanos, un Estado ultrarregionalizado en el que se solapan y duplican las competencias estatales y regionales que empieza a generar desigualdades entre los ciudadanos españoles e, incluso, amenaza con romper la unidad de mercado. El municipio es la histórica entidad político-administrativa próxima al ciudadano quien interviene directamente en la conformación de su órgano de gobierno, el Ayuntamiento. Elección directa del Alcalde en doble vuelta ( si no alcanza la mayoría absoluta en la primera elección) y elección separada por criterio mayoritario de los concejales que representan a los barrios y distritos, los cuáles conforman el Concejo como asamblea representativa, controladora y deliberante del Municipio independiente de la Alcaldía.

Consideración de la Provincia como Comunidad de Municipios, entidad arraigada social e históricamente en nuestro pueblo, y cuyo órgano de gobierno, la Diputación, se conformará a partir de la participación de los distintos municipios que constituyen la Provincia-Comunidad reunidos en Juntas Generales, en el seno de las cuáles se elegirá al Diputado General. Determinación constitucional de las competencias de Ayuntamientos y Diputaciones como verdaderas comunidades autónomas, ejes de la descentralización político-administrativa (el Poder Municipal). Por un Estado de autonomías territoriales escasamente oneroso para los ciudadanos, verdaderamente representativo y realmente enraizado en nuestra sociedad.

5. Reforma electoral: ¡Alto a la partidocracia! ¡Por la libertad política de los ciudadanos!. Superar la crisis de representatividad, la ineficacia de los cauces de participación y el déficit democrático reformando el gobierno oligárquico-burocrático de las cúpulas de los partidos políticos -sin democracia interna-, instituyendo un régimen electoral que otorgue a los ciudadanos unos derechos políticos efectivos, de modo que designen y controlen realmente a sus representantes de distrito, superando definitivamente el concepto de "mandato representativo" a favor de un mandato imperativo flexible de distrito. Reconocimiento y garantía efectiva de la libertad política de los ciudadanos con la devolución plena de sus derechos políticos.

Organización electoral del territorio nacional en distritos uninominales en razón de 1 diputado cada 100.000 habitantes (para el diseño objetivo de los distritos se tendrán en cuenta distritos municipales, municipios, partidos judiciales y provincias). Sistema mayoritario a doble vuelta. Se trata de elegir al diputado personal de distrito por mayoría absoluta, personalizando así la representación de los electores del distrito que, de este modo, puedan ser conscientes de sus intereses objetivos. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos en el distrito se procederá a una segunda vuelta en la que participarán los dos candidatos más votados en la primera. Como complemento proporcional, la quinta parte de los diputados a Cortes se elegirán a partir de listas nacionales de partido en circunscripción única por la fórmula proporcional pura. Así pues, el elector podrá escoger en la misma elección al diputado de distrito y a una lista de partido.

En cada distrito electoral se constituirá un Comité de Electores que velará por la representatividad del diputado electo pudiendo, incluso, destituirle mediada la legislatura por incumplimiento grave de su compromiso con los electores, compromiso fijado solemne y públicamente ante su distrito en el día de su proclamación como representante del mismo. Una sola Cámara de representantes: las Cortes Españolas. Control de la financiación pública de partidos políticos y sindicatos que se reducirá al máximo. Democracia interna en los partidos políticos: obligación legal de celebrar elecciones primarias para la designación de los candidatos. Referéndums ciudadanos para decidir las leyes principales aprobadas previamente por las Cortes, no bastando, en estos casos, la mera aprobación por los representantes.