domingo, noviembre 28, 2010

CONGRESO DE PLATAFORMAS SIGLO XXI

Ayer se celebró en el Ateneo de Madrid, el Congreso de Plataformas siglo XXI, al que tuve el honor de asistir. De la simple observación de los acontecimientos, se llega a la conclusión de que la sociedad civil está viva y con ganas de cambio. Había un grupo muy heterogéneo de gente: mayores, jóvenes, de edad media , hombres, mujeres, profesionales de la política, empresarios, pertenecientes a tribus urbanas, profesores, pilotos, periodistas, asociaciones, partidos residuales y hasta gente de por libre cuyas reivindicaciones no son escuchadas por los partidos mayoritarios. El común denominador de todos ellos, el descontento con el sistema actual y la necesidad de cambiarlo. La pregunta que queda pendiente después del congreso es: ¿seremos entre todos capaces de organizarnos para conseguir el objetivo?
La organización, con iniciativa de Jesús García Barcala, era buena a priori pero previó mal dos aspectos fundamentales: la amplitud de la sala, que con capacidad para 50 personas sentadas y la duración de la reunión, eran a todas luces insuficientes.
Finalmente asistieron 25 asociaciones a las que se les dio, sobre la marcha, 4 minutos para la presentación.
La mesa estuvo compuesta por Pedro López Arriba, miembro del Ateneo; Bernardo Rabassa Asenjo, presidente del Club Liberal Español y organizador del encuentro; el citado Barcala y Juan Vicente Santacreu, líder de la plataforma Masby.
De las asociaciones intervinientes, hubo una mayoría liberal.
Conocedor de esto por alguna información previa que había enviado Barcala, ante la imposibilidad de leer el manifiesto entero en tan escaso tiempo y actuando en segundo lugar, decidí improvisar la presentación resumiendo nuestros principios; intenté hacer hincapié en la adquisición y preserva de nuestra libertad política, que no garantiza la ideología liberal. No se si hice bien; si no es así, lo siento.
Pienso que desde un sistema representativo liberal, se puede llegar a una democracia, pero desde una partitocracia jamás. Por eso soy de la opinión que debemos seguir adelante con el proyecto y animo desde aquí a Jesús a seguir en la lucha ya que lo vi muy desanimado al final del congreso.

Una vez hechas todas las presentaciones hubo un corto e intenso debate marcado por el cansancio general, la desesperación de algunos y el abandono de muchos, para ver como se coordinaban todas las voces presentes.
Aunque se votó casi por unanimidad (todos menos uno) la creación de una Coordinadora Ciudadana virtual (por Internet) que aglutine a todas las asociaciones, no quedaron claros los objetivos que se debían defender.
Por eso se emplazó para que cada organización nombre a un representante que aporte un decálogo de donde saldrán los principales puntos que defenderá la Coordinadora.
Se enlazarán todas las páginas de las asociaciones a dicha coordinadora y se votarán dichos puntos finales.
Creo que para tan poco tiempo, no está mal. Ahora tenemos que actuar sin prisa, pero sin pausa. Si llevamos 30 años de partitocracia y no podemos caer en la precipitación para derrocarla, provocando el fracaso del proyecto que a todos nos une.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

I have the same opinion with most of your points, however some need to be discussed further, I will hold a small discussion with my buddies and perhaps I will look for you some opinion later.

- Henry

Anónimo dijo...

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vecinal, medio ambiente dijo...

Crucifijos en las aulas
05.12.2009
Crucifijos en las aulas: matar al mensajero
Enviado por Ismael Martínez
Artículo de Rafael Navarro-Valls,
Catedrático de Derecho y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia Española
www.elmundo.es, 4 de Noviembre de 2009



Un tribunal tiene la última palabra no porque tenga siempre la razón, sino más bien porque es la última instancia.

Conviene tener presente esta verdad para no convertir cada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una especie de icono mediático que merece adoración indiscutida.

La sentencia Lautsi c. Italia es un ejemplo de cómo un tribunal puede caer en las redes del activismo político trasladado al ámbito judicial: un tema sensible, la hipotética influencia de la presencia tradicional de crucifijos en la escuela en las conciencias infantiles, se ha convertido en campo de batalla para recortar la posición de la religión en la esfera pública. Una suerte de estímulo para que los estados sólo toleren la manifestación pública de valores morales que no sean religiosos o que, al menos, estén desprovistos de su connotación religiosa, a pesar de que esos valores constituyan, paradójicamente, el humus donde el mismo Estado tiene su origen. Una curiosa percepción de la laicidad del Estado que permite quedarse con los frutos siempre que se tale el árbol. Quedarse con el mensaje, pero matando al mensajero.

No es una sentencia aislada. Se inserta en una serie de decisiones del citado tribunal a favor de políticas de eliminación de símbolos religiosos personales –sobre todo islámicos– en entornos educativos, en Francia y en Turquía, duramente criticadas por juristas de muy diversos países e ideologías. De ahí la preocupación manifestada en agosto por la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional de EEUU.

Uno de los expertos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en materia de libertad religiosa, el profesor Javier Martínez-Torrón, observaba con razón que el Tribunal de Estrasburgo ha iniciado una deriva «demasiado tributaria de una concepción que entiende la laicidad no como neutralidad del Estado ante el hecho religioso o ideológico, sino como ausencia de visibilidad de la religión, es decir, como una situación artificial que garantiza entornos libres de religión, pero no libres de otras ideas no religiosas de impacto ético equiparable».

Contrasta esa deriva, por ejemplo, con una declaración del Constitucional alemán en 2003: «No es inconstitucional que todos los niños desde su infancia –también los hijos de padres de ideología atea– conozcan que hay en la sociedad personas con creencias religiosas, y que desean practicarlas». O con el Supremo de EEUU (Marsh v. Chambers, 1983), que, al declarar constitucional que se diga una oración pública en la apertura de las sesiones legislativas del Senado, lo calificaba como «un reconocimiento tolerable de las creencias ampliamente compartidas por el pueblo de este país y no un paso decidido hacia el establecimiento de una iglesia oficial».