Poder elegir nuestros representantes en el Parlamento y Jefe del Ejecutivo, por voto mayoritario, y deponerlos en caso de gestión nefasta. Ese es nuestro objetivo: la libertad política.
Para conseguir este propósito hay que cambiar, sobre todo, la ley electoral; esto se podría hacer, en teoría, mediante una reforma promovida por los partidos financiados por el Estado (conocida como reforma “desde dentro”) o por una revolución ciudadana proveniente de la sociedad civil (“desde fuera”).
Últimamente son muchas las iniciativas que propugnan dicho cambio electoral en forma de opinión de algún dirigente de partido y movimientos, asambleas, unión de plataformas, etc. En la mayoría de ellas es opinión predominante la ilusión de formar un partido nuevo que lograra la mayoría de los votos para, una vez en el poder, realizar las reformas necesarias.
Sin tener en cuenta la necesidad de contar con 210 escaños de los 350 parlamentarios para realizar cambios de ese tipo (cantidad de escaños nunca conseguido por ningún partido desde la instauración del régimen), un partido nuevo necesitaría, con las normas promulgadas recientemente, las firmas del 0,1% del censo de la provincia que se presenta (norma introducida para eliminar del mapa a los partidos minoritarios) y además no obtendría una financiación substanciosa, ni propaganda institucional, hasta que no lograse sacar al menos un escaño parlamentario. Con estas condiciones, siempre partiría con una desventaja descomunal e infranqueable respecto a los partidos ya asentados y tradicionalmente votados en el régimen.
Por si fuera poco, el bipartidismo PP y PSOE ha ido en aumento (véase gráfico) y, por tanto, el número de escaños que se reparten entre los dos, dibujando una perfecta recta de regresión a lo largo de las sucesivas elecciones, que muestra de manera visual la quimera de dicha reforma.
Da igual que el partido nuevo propusiese un cambio de constitución, un periodo de libertad constituyente, dejar vacíos los escaños que obtuviese (voto en blanco) o sabotease las votaciones mediante voto nulo. Sin entrar en el mensaje material en cada una de las opciones antedichas, los obstáculos formales que encontraría serían exactamente los mismos.
Hay que desgajar a los partidos del Estado, quitándoles las subvenciones, para poder elegir y deponer a nuestros representantes de distrito que, dentro del parlamento, serían los representantes de la nación, continente de la sociedad civil. De esta forma, la sociedad política y por tanto sus propuestas, saldrían directamente de la sociedad civil no como ocurre ahora que solo existe una clase política parasitaria del Estado y desligada totalmente de la sociedad.
Para evitar que el Estado sea omnipotente como lo es ahora, tenemos que elegir y poder deponer, en su caso, al presidente del Ejecutivo que lo pilote y debemos poner unas normas para que nuestros representantes puedan controlarlo, separando de manera eficiente a la sociedad política del Estado.
Una vez descrita la imposibilidad empírica del triunfo de un partido reformista, las únicas formas objetivas de conseguir las reformas que conduzcan a la libertad política son:
La reforma acordada entre los dos grandes partidos; no resulta muy razonable pensar que estén dispuestos a perder su monopolio de libertad.
La transformación objetiva promovida por una organización ciudadana mayoritaria y hegemónica en principios, que representase a la sociedad civil y frente a la clase política actual, acordase un período de libertad constituyente.
El Estado tiene hoy en día la soberanía junto a nuestra libertad política, secuestrada en los órganos directivos de los partidos. Ellos son los que eligen quien y quien no tiene que ir en las listas que los que voten refrendarán el día 20, cerrando el círculo vicioso de la partitocracia.
Por eso es tan importante romper dicho círculo de la única forma posible: la abstención electoral.
Una sociedad sana e inteligente no pude participar en este juego sucio y tramposo de elecciones legislativas disfrazadas de presidenciales basada en la mentira y la demagogia y que nos lleva al desastre económico y moral.
Una vez desacreditado el régimen y deslegitimado su poder, podría plantearse la apertura de un período constituyente que desembocaría en la redacción de una nueva constitución con Instituciones inteligentes que garanticen la división de poderes en origen, el mutuo control entre ellos y la garantía de derechos de las minorías.
Solo así podremos acabar con la corrupción, motor social de este régimen, producto de la colusión del poder financiero y las grandes empresas oligopólicas con la casta política de partidos, que nos ha llevado a la quiebra económica, a la mediocridad intelectual y al record de paro, con más de cinco millones de parados.
Así se podrá elegir a una sociedad política que emana directamente de los ciudadanos y que está elegida y controlada por ellos.
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